INTOLERANCIA

Por Andrés Álvarez Arboleda

El pasado 22 de julio, un grupo de iglesias cristianas emitieron un comunicado de prensa en el cual pedían a la Corte Constitucional que se abstuviera de permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Un comunicado que poco tiene en cuenta los principios democráticos y pluralistas que deben regir el Estado social de derecho, y que además, es altamente irrespetuoso.

El texto comienza afirmando que “no cesaremos (los autores del comunicado) de respetar y acoger como personas, hijos e hijas de Dios que son, a quienes sufren tendencias homosexuales y de condenar con vehemencia todo acto de maltrato social o de violencia en su contra”, como si utilizar la expresión “sufren tendencias homosexuales” no fuera ya un hecho claro de maltrato social, al asumir a la persona homosexual como la víctima de un patología para la que se requiere una cura. La misma formulación de la afirmación excluye el respeto y el reconocimiento que pretendía enunciar. 


Continúa el comunicado señalando que no se puede constituir un verdadero matrimonio ni una verdadera familia entre dos hombres o dos mujeres. Pero, atribuirse la determinación de lo que es la verdad en materia de familia o matrimonio es excesivamente pretencioso, y además choca con las formas de familia que existen en la sociedad actual. La misma Corte Constitucional demuestra en el comunicado de prensa donde dio a conocer su decisión sobre el asunto, que "una misma persona puede experimentar el paso por diversas clases de familia. En este sentido y de conformidad con la norma constitucional, la institución familiar puede tener diversas manifestaciones que se constituyen a su vez, a través de distintos "vínculos naturales o civiles", según lo previsto en el precepto superior. De ahí, que la heterosexualidad no sea una característica predicable de todo tipo de familia y tampoco lo sea la consanguinidad, como lo demuestra la familia de crianza".

Las iglesias firmantes también exhortan a la Corte para que tenga presente las implicaciones sociales, la afectación familiar, y el efecto sobre los valores  éticos del fallo; pero es a la luz de los principios constitucionales y de la moral social (no de la moral cristiana) que se tienen que medir las consecuencias de cualquier decisión, y nada más alejado de los preceptos de la Constitución y de los valores democráticos que tratar de imponer una determinada visión sobre el mundo en detrimento de los derechos de libertad e igualdad de las personas.   

Para finalizar, el texto reafirma el compromiso de defender la “naturaleza auténtica”, otra vez proclamándose los dueños de la verdad, y de defender los derechos inalienables de la familia, como si reconocer un derecho adicional y expandir el concepto de familia fuera una violación a algún derecho de las familias. El matrimonio homosexual sería un avance en el reconocimiento de nuestras diferencias, en la construcción de un mundo tolerante y en el desarrollo de una sociedad que tenga como objetivo primordial la calidad de vida de toda la población. 

Un comunicado como éste no es más que un grave acto de intolerancia, de discriminación y maltrato social; un gesto que envía un mensaje muy negativo a la sociedad, pues se opone abiertamente al derecho que tienen las personas de elegir su forma de vida y desarrollarse libremente, y al derecho de igualdad, en virtud del cual todos podemos disfrutar de las mismas garantías sin importar el género, la religión, la raza o condición. El matrimonio homosexual no es una imposición que se nos hará a las personas heterosexuales, sino una posibilidad para aquellos que libremente decidan contraerlo. Las iglesias tienen derecho a manifestar su punto de vista, pero deben recordar que su derecho llega hasta donde comienzan los derechos del otro.