LOS DERECHOS Y LA SOSTENIBILIDAD FISCAL

Por Andrés Álvarez Arboleda

En un artículo anterior, ¿cuáles derechos sociales y económicos?, ya había planteado el problema del reconocimiento de los derechos prestacionales cuya ejecución está a cargo del Estado; un problema que precisamente parte de la misma consagración legal de estos derechos. Los derechos sociales y económicos nunca han ocupado un lugar preponderante en los programas de los gobiernos en Colombia, y por el contrario, siempre se les ha puesto trabas legales y políticas para su desarrollo.

En los últimos días, fue aprobado en el Congreso de la República el acto legislativo que consagraría la sostenibilidad fiscal como un criterio constitucional en el reconocimiento de un derecho prestacional por vía judicial. Es decir, se limitaría el alcance de la decisión del juez en términos económicos con el fin de evitar un desequilibrio en las finanzas del Estado, y así garantizar que el Estado Social de Derecho sea sostenible.

Pero este acto legislativo, en mi opinión, lejos de proteger la estructura del Estado Social de Derecho, es una de las tantas medidas regresivas en materia social que han desdibujado los objetivos de la Constitución. Desde este modelo de Estado, se debe entender que los derechos sociales y económicos tienen la función constitucional de evitar una existencia materialmente precaria de las personas, y no se puede poner por encima un valor económico cuando lo que está en juego es la dignidad de las personas. Además, garantizar estos derechos  no sólo es una de las tantas obligaciones del Estado, sino la razón misma de ser del Estado Social de Derecho.

El proyecto de acto legislativo, sin embargo, pudo ser peor. Se formuló originalmente como el “derecho” a la sostenibilidad fiscal, como si el Estado pudiera tener derechos frente a su población; posteriormente se formuló como principio constitucional y finalmente como criterio  constitucional. Una serie de supuestas garantías se fueron integrando al proyecto, como la no afectación de los derechos fundamentales, pero en este caso la reforma tampoco tendría sentido, pues sólo los derechos sociales y económicos que además tienen contenido fundamental pueden ser protegidos por vía judicial, mediante la acción de tutela.

En cualquier caso, el Congreso estaría desconociendo una de las intenciones del constituyente primario, que es el pueblo, al establecer a Colombia como un Estado Social y Democrático de derecho. Así, a pesar de que se trata de un proyecto para reformar la Constitución, podría ser declarado inconstitucional por “vicios de competencia”, pues el legislativo no es más que un constituyente delegado.

No ignoro los problemas económicos del Estado, pero la sostenibilidad fiscal no se puede lograr en detrimento de los derechos. Se requiere más una reforma tributaria que disminuya el exceso de privilegios que tienen las grandes multinacionales, y que evite recaer la gran carga de los impuestos sobre las esferas con menor capacidad económica; se requiere medidas que logren inmunizar los recursos públicos frente la corrupción que le cuesta aproximadamente cuatro billones de pesos por año a los colombianos. Dinero sí hay. Lo que se requiere es un buen manejo de los recursos, una eficiente implementación del Estado Social de Derecho que determine las prioridades dentro del Estado, y que fortalezca la inversión en políticas públicas. El componente social de nuestro Estado está aún por construir.