Durante los últimos días, las universidades y otros centros de educación superior han sido foco de gran agitación. La reforma que se pretende hacer a la ley de educación superior no pudo haber caído peor entre los estudiantes y profesores, quienes han salido a las calles a manifestar su descontento. Un descontento que no sólo está plenamente justificado, sino que hace al hecho de pronunciarse en contra de esta reforma que plantea el Gobierno, absolutamente necesario.
La reforma que se está proponiendo desde el Ministerio de Educación, va más allá de abrir la posibilidad de que entren recursos privados a las universidades públicas; permitirá que las universidades (públicas y privadas) sean instituciones con ánimo de lucro. Si bien en Colombia existen universidades de carácter privado, éstas sólo pueden ser constituidas sin ánimo de lucro, es decir, aunque tengan grandes capitales, las utilidades no podrán ser repartidas sino que en su totalidad se tienen que reinvertir en la misma institución, en el pago de la nómina laboral, en proyectos de investigación, infraestructura y mejoramiento de la calidad académica. La razón de que no se puedan obtener beneficios económicos de las universidades privadas y públicas, es evitar que se mercantilice la educación superior, pues, al volverla objeto del mercado, la actividad estaría centrada en buscar la mayor ganancia de utilidades posible y así sólo se invertiría en áreas de la educación que reporten altos ingresos monetarios, afectando gravemente el desarrollo de programas relacionados con áreas del conocimiento como la física, la antropología o la música cuyos beneficios económicos no serán tan altos como los que pueden traer otros saberes. Lo presentado en este supuesto, no es más que una violación a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria.
La universidad pública es sin duda la que más afectada se puede ver por la reforma. Permitir no sólo la privatización, sino la posibilidad de repartir utilidades entre particulares pone en grave riesgo la posibilidad de acceso de muchísimas personas, sobre todo el de las que poseen menores recursos económicos, a la educación superior. El Estado no puede escatimar recursos en lo referido al acceso y calidad de la educación pública, pues es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad.
El derecho a la educación, es un derecho fundamental que se debe garantizar a toda la población. Los gobernantes no pueden seguir pretendiendo mostrar a la educación como un simple servicio público, y menos como un bien de mercado. Como planteaba en mi artículo anterior, el argumento siempre ha sido (y seguirá siendo) que el Estado tiene recursos limitados para los asuntos que tienen que ver con los derechos económicos y sociales. Es curioso que nunca se diga que hay recursos limitados para mantener el aparato de guerra. Por eso estamos como estamos.
Una correccion tiene que hacerse. El hecho de que se creen instituciones educativas con animo de lucro no limitara el acceso a la educacion. Por el contrario, el gobierno pretende aumentar este acceso, puesto que mercantilizar la educacion implica hacerla competitiva en terminos de precios, provocando una auto regulacion del mercado estudiantil en este sentido. El problema real seria la calidad de la educacion, dado el argumento que diste. Esto refleja una intencion del gobierno por aparentar un exito ilusorio por medio de cifras ascendentes que no significan aumento de bienestar. Lo mismo que pretende la cultura internacional y economica de colombia.
ResponderEliminarLa aclaracion tenia que ser hecha, pues como dijo algun hombrecillo insignificante "No hay mejor forma de atacar una doctrina que defenderla con malos argumentos"