LA LOCOMOTORA

Por Andrés Álvarez Arboleda
Que no termine de arrancar, no es el problema de la “locomotora minera” del Gobierno; lo que sí es problema es que el país parece estar atravesado en las vías y la locomotora lo va a atropellar.

La manera como se está desarrollando la política de explotación minera, como casi todas las actividades que se presentan con la rimbombante alusión a la incentivación de la inversión, resulta siendo catastrófica para la población colombiana, pero muy lucrativa para los intereses de los grandes focos de capital; es decir, atiende a la misma lógica de explotación de los recursos que se ha seguido en los países del tercer mundo como rezago de la colonización: las riquezas se fugan mientras que los efectos de la explotación se quedan para siempre generando miseria.

Me permitiré un razonamiento circular para decir que los problemas de una entrega indiscriminada de títulos mineros a multinacionales extranjeras son básicamente dos: que es indiscriminada y que es para multinacionales extranjeras.

Lo primero parte de la falta de responsabilidad al verificar las condiciones de los terrenos sobre los cuales se entregan dichos títulos y de la falta de previsión sobre los costos ecológicos y socioculturales de la explotación. A pesar de la expresa prohibición de ejercer la actividad minera en parques naturales y páramos, en la última década miles de hectáreas han sido tituladas en estas zonas. Uno de los escándalos más mencionados fue el del páramo de Santurbán, en el que se otorgó un título minero cuya área se ubicaba en un 82 por ciento dentro del terreno protegido, poniendo en grave riesgo de contaminación, con sustancias tan letales como el cianuro, a yacimientos de agua que abastecen a miles de personas  y amenazando con la erosión de un importantísimo ecosistema que sustenta varias especies que sólo pueden sobrevivir en el páramo.

También, se han constituido títulos sobre territorios pertenecientes a comunidades indígenas sin ningún tipo de reparo legal o ético, lo que dada la íntima relación que vincula el territorio con su identidad, representa una vulneración a la integridad étnica de estos grupos humanos. A diferencia de la concepción utilitarista del territorio del “hombre occidental”, muchas de las representaciones culturales que tienen valor simbólico fundamental para los pueblos indígenas dependen del suelo y de un lugar específico; así, la destrucción o impedimento al acceso de un sitio sagrado causaría fuerte impacto sobre toda la comunidad.

Pero ahí no terminan los escandalosos manejos que se han dado a éstos títulos mineros, especialmente durante el anterior Gobierno. Sólo en el Eje Cafetero, se otorgaron 314 títulos mineros sobre áreas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO; y en Chocó, como denunciaron grupos indígenas de ese departamento, llegan a tal punto las solicitudes para hacerse a los títulos que existe el riesgo de que se entreguen títulos mineros correspondientes al 78 por ciento del territorio chocoano.

No obstante, hasta el Ministro de Medio Ambiente, en defensa de la apertura de los recursos del país a la inversión extranjera, aduce que los recursos naturales son para explotarlos. Pero es a partir de este tipo de comentarios (que entre otras cosas deja mucho qué desear al ser emitido por  la cabeza de la dependencia que tiene la obligación de velar por la preservación del medio ambiente de los colombianos) que uno empieza a preguntarse sobre quién es el que va a explotar esos recursos y  se beneficiará de ellos.

Evidentemente no será el pueblo. Como anteriormente señalé, la explotación minera llevada a gran escala, con pocos controles e irresponsabilidad administrativa genera grandísimos costos sociales y ambientales, los cuales sí que serán asumidos por el pueblo. Las ganancias, por el contrario, serán absorbidas por las multinacionales que logren la adjudicación de los títulos mineros, que vendrán atraídas por las grandes garantías que le otorga el gobierno a la inversión extranjera.

Es en este punto en el que cobra importancia el segundo aspecto negativo de la “locomotora minera”. El modelo de desarrollo económico trazado durante los últimos años que tiene como único eje la inversión proveniente de otros países, lejos de lograr un verdadero impacto económico que beneficie a la población, se ha convertido en una fuga de los capitales nacionales hacia otros puntos del globo. Es cierto que la creación de empresa por los inversionistas extranjeros generan empleo, pero mientras se logran apaciguar las estadísticas de desocupación, las verdaderas riquezas como lo son nuestros recursos naturales son arrasados en provecho de esos grupos de inversión que a la final recogen el gran botín, dejando al país en una situación peor a la que se encontraba antes de su llegada, sin recursos propios, sumido en desigualdades sociales y con menores posibilidades de competir en el mercado internacional.

Además, las regalías que el Estado recoge son ínfimas si se tiene en cuenta que son excesivos los beneficios fiscales dadas a estas empresas para que desarrollen su actividad en Colombia, y que somos todos los colombianos los que tendremos que sufrir los desbalances cambiarios por el flujo de moneda extranjera. En tanto, compañías como la Drummond alcanzan beneficios de casi dos billones de pesos anuales por su actividad (más otro cuarto de billón derivado de los beneficios gubernamentales) mientras se van destapando escándalos por su presunta promoción de grupos armados para sembrar muerte y terror entre la población.

Es por eso que se tiene que cuestionar la manera insostenible y poco democrática de desarrollar las políticas mineras en el país. Es necesario implementar un modelo de explotación amigable con el medio ambiente, respetuoso del patrimonio cultural y social del país, y sobre todo un modelo que piense en la gente, que se ocupe más de buscar la forma de explotar esos recursos incentivando la empresa nacional y haciendo una distribución equitativa de las ganancias. Es hora de que el Estado se ponga bien los pantalones para defender los intereses de sus ciudadanos, que engorde sus arcas con las regalías de la actividad minera para invertir en educación, en salud, en conjurar la desigualdad social.

O el país se monta a la locomotora, o sobre los rieles no quedarán ni los despojos.