CRIMEN DE OPINIÓN

Por Andrés Álvarez Arboleda

Es sorprendente la acogida del proyecto de ley que busca penalizar el racismo entre la opinión pública. Parece existir un consenso generalizado sobre las bondades intrínsecas de una normatividad semejante a la hora avanzar en el reconocimiento de las diversidades étnicas y culturales de Colombia. Sin embargo, no son muchas las personas que se han percatado de lo que significa esa intervención político-criminal; no sólo fracasará en su intento de evitar la discriminación, sino que violará la última esfera de libertad de la persona: su propia conciencia.

En primer lugar, el Congreso sigue demostrando su incapacidad de afrontar correctamente los problemas del país. Son bien conocidos sus adefesios legislativos por contemplar medidas que sólo intentan atacar el síntoma pero nunca la enfermedad; y combatir los fenómenos de racismo, segregación y discriminación utilizando el derecho penal, no es más que una acción mediocre y cortoplacista. Educar a la población en el reconocimiento de los demás seres humanos como sus iguales, como sujetos de derechos primordiales que deben ser respetados sin importar circunstancia alguna, es lo que se requiere para evitar actos de discriminación a partir de un camino, que si bien es lento, es más justo y efectivo. Lo fundamental no es castigar a quien viola un derecho, sino evitar que el derecho sea vulnerado.

Por otro lado, una intervención penal podría aumentar el odio entre los distintos grupos étnicos pues no será raro que se formen círculos de venganza a partir de la encarcelación de las personas. Eso ocurre con frecuencia con la penalización de otras conductas, pero no tendría sentido dar lugar a ese tipo de situaciones si lo que queremos es una verdadera reconciliación social.

En cuanto al peligro que dicho proyecto de ley representa para otros derechos fundamentales, tengo que decir que se estaría tipificando básicamente un delito de opinión, es decir, se penalizaría inconstitucionalmente las convicciones que tiene una persona. Todos tenemos derecho a creer incluso en las ideologías más absurdas, y eso incluye el derecho a pensar que la raza es un motivo de distinción entre los seres humanos. Si por motivos de raza, religión o género se hiere o se mata a alguien, ya está contemplada la pena en el código penal; pero prohibir a una persona pensar de determinada manera no constituye más que un gesto subyugador, propio de muchos de los regímenes tiránicos que han surgido en la historia.

Se aumentarán las penas para el delito “apología al genocidio” que también es un delito de opinión debido a que no consiste sino en expresar el odio o justificar acciones contra grupos humanos. Esto viola el derecho de la libertad de expresión, pues siempre que no se afecte a alguien efectivamente, una conducta no se puede tomar como punible. También, se dejará que la Fiscalía sea quien determine si en un caso concreto se produjo un hecho de racismo o no, lo que va en contra del principio de legalidad, que requiere que se señale claramente lo que se va a castigar.

El derecho penal se rige bajo ciertos principios, y uno de ellos es que se debe castigar por lo que un sujeto hace (derecho penal de acción), y no por lo que un sujeto es o piensa (derecho penal de autor). El racismo y la discriminación se deben acabar, pero nunca cometiéndose una injusticia mayor contra el racista que la que él podría cometer con su pensamiento o expresión.