¿CUÁLES DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS?

Por Andrés Álvarez Arboleda

A pesar de estar planteado en la Constitución de 1991 que Colombia es un Estado Social de Derecho, poca ha sido la voluntad política encaminada a consolidar este modelo de Estado. Por el contrario, parece que muchas de las decisiones que se toman diariamente van en detrimento de los derechos sociales y económicos de los colombianos.

La idea de Estado Social de Derecho, parte de admitir que aunque todos nacen iguales ante la ley, no nacen iguales ante la vida. No todas las personas tienen desde la cuna el acceso a la educación, a la salud o a la alimentación, y no todas tendrán las mismas oportunidades de desarrollarse en el plano económico. De ahí parte la necesidad de que se reconozcan derechos económicos y sociales, que son facultades que tienen los individuos de exigir (no pedir, ni suplicar) el cumplimiento de ciertas prestaciones por parte del Estado en materia de servicios públicos, trabajo, educación, salud, vivienda, subsidios, etc. Todo esto con el fin de promover la igualdad social y la justicia material en todas las capas de la sociedad. La democracia, como plantea Rodrigo Uprimny, debe ser entendida como un efecto material del ejercicio de poder.

El problema es que desde la misma Constitución, el Estado diluye sus obligaciones sociales y económicas en el resto de la sociedad. No se pone al frente del efectivo cumplimiento de sus obligaciones, sino que delega en las empresas, en las familias y en otros órganos no gubernamentales, la atención a poblaciones vulnerables, y los derechos sociales y económicos se desfiguran, pasando de ser una cuestión de solidaridad social, a una de caridad individual, lo que afecta gravemente el componente social del Estado.

El peligro de diluir de esa manera la responsabilidad estatal, puede vislumbrarse en las situaciones en las que el Estado da preferencias tributarias a empresas privadas que llevan a cabo “obras sociales”. En el caso de algunos almacenes de cadena, en las cajas se ofrece a los consumidores dar cierto monto de dinero para apoyar esas obras sociales, y lo que ocurre en realidad es que son los consumidores los que terminan sosteniendo económicamente esas obras mientras esas empresas se ven beneficiadas por la disminución de sus impuestos. No son los intereses sociales los que se satisfacen, sino los intereses privados de esas empresas.

El Gobierno debe implementar una política tributaria muy distinta a la que está manejando. No debe acabar con los subsidios a los impuestos de la población más pobre, ni debe privilegiar los impuestos como el IVA que se cobran por igual a todos los grupos sociales, sino que debe incrementar los impuestos a los grandes grupos económicos, cortar los beneficios tributarios a las empresas con alto nivel de capital y con los recaudos hechos sostener programas estatales con miras a atender estos derechos mencionados.

Colombia no puede excusarse más argumentando que es un país pobre que no podría sostener verdaderos programas sociales. La mayoría de reformas y consagraciones efectivas de los derechos económicos y sociales, fueron realizadas por Estados en tiempos en que su situación económica no podía ser peor, y en momentos en los que sus ciudades estaban completamente destruidas por la guerra. Es el caso de Inglaterra que devastada por la Segunda Guerra mundial, implementó el sistema de salud gratuita para toda la población. Por eso, no se puede dejar de luchar por estos derechos, debemos exigir que se cumplan a cabalidad, que no sigan siendo simples principios que se quedan en el papel.