EL PERRO RABIOSO

Por Andrés Álvarez Arboleda
Decía Jorge Eliecer Gaitán, describiendo el aparato judicial y el derecho penal de su época, que la justicia es “un perro rabioso que sólo muerde a los de ruana”; una justicia que operaba de manera selectiva, actuando implacablemente sobre ciertos sectores de la población, y dejando en la impunidad los crímenes cometidos en otros niveles sociales. Pero la rabia de ese perro, lejos de quedarse en las esferas judiciales, es una epidemia bastante expandida en todas las ramas del poder público y en la población misma.

Erróneamente, al sistema penal se le ha dejado la solución de casi todos los problemas sociales y fenómenos de violencia que azotan al país, y existe la sensación generalizada de que el aumento de las penas es la mejor forma de combatir los delitos. Ni lo uno ni lo otro es cierto. Hay situaciones que debido a su naturaleza requieren más la acción de una diversidad de respuestas en materia de políticas sociales o campañas pedagógicas, que la intervención penal; y aunque se haya aumentado drásticamente muchas sanciones para ciertos delitos, también se ha comprobado que su comisión continua creciendo.

El derecho penal tampoco se puede entender como una forma de venganza que opere bajo la lógica del ojo por ojo, contemplando penas que afecten gravemente la libertad o la vida del individuo procesado, como la pena de muerte o la cadena perpetua, pues su actuación se deslegitimaría debido a que actuaría con la misma violencia que debe busca evitar en la sociedad. La sanción no repara ningún daño en una víctima, y tampoco se puede esperar a que haya un daño para reaccionar, sino que se tiene que prevenir la afectación de la víctima.

Entonces, ¿tiene sentido que después de haber conseguido desarrollos importantes en materia penal como la abolición de la cadena perpetua o la pena de muerte, se piense en revivir dichas figuras conociendo de antemano su fracaso a la hora de prevenir el delito? Yo digo que no tiene sentido, y sostengo que no tiene sentido que se haya aprobado en segundo debate en el Congreso un texto legislativo que contempla convocar a un referendo para aprobar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. No tiene sentido plantear que es más grave la violación de un menor que el asesinato de un adulto; no tiene sentido pensar que un aumento en las penas va a disuadir a los potenciales delincuentes, sin instrumentalizar a un ser humano castigándolo fuertemente para que otros no delincan; no tiene sentido esperar a que un niño sea violado o asesinado para reaccionar, se tiene que proteger al menor antes que castigar al delincuente; y no tiene sentido el “populismo punitivo” con el que se ha querido adoptar esta medida, con el fin de ganar adhesión política.

No es que esté defendiendo con esto a los violadores o asesinos de niños,  pues son crímenes atroces para los que debe haber una intervención penal fuerte, pero una intervención pertinente y justa, que cumpla los verdaderos objetivos preventivos de la sanción penal.  El pueblo colombiano en las urnas tendrá que demostrar que la violencia y el daño a otros no es la única forma que considera para afrontar los problemas sociales, que no es un perro rabioso.